"Recibí, tipo 9.30, un llamado de Alcira Toro, una vecina militante de Proyecto Popular (no vive en el asentamiento, es del barrio 11 de febrero), que llorando me explicó que había una gran presencia policial. Me pidió que haga algo para evitar que la Policía avance. Le pedí que me pase con la persona a cargo y hablé con un oficial Valladares, que me explicó que había una orden de desalojo. Solicité hablar con el fiscal de la causa para abrir una instancia de intermediación, porque percibí que se vivía una situación de mucha tensión. Ante la falta de respuestas, pedí a abogados como de derechos humanos, como Bernardo Lobo Bugeau, que fueran allí porque yo estoy en Buenos Aires. Cuando lo hicieron, ya había una situación de fuerte represión. Mi única intervención fue para intentar evitar una situación violenta. Creo en el estado de derecho, pero también que hay matices de racionalidad para llevar adelante medidas judiciales y para conducir a la Policía. Se pudo evitar".